Aunque la prohibición parecía descartada, el Gobierno de España parece dispuesto a actuar con firmeza contra la proliferación de las loot boxes. El Ministerio de Consumo liderado por Alberto Garzón ha establecido acabar con la proliferación de la ludopatía como uno de los objetivos principales de la XIV legislatura. Una tarea en la que las cajas de botín juegan un papel fundamental al evidenciarse como la mecánica “más proclive a generar un espacio de confusión” entre videojuegos y juegos de azar.
El futuro, a manos de la ciudadanía
El próximo paso que ya está llevando a cabo el Ministerio es una consulta pública sobre la futura regulación de las cajas de botín. En ella, tras una detallada explicación sobre su funcionamiento y el interés en la regulación, se ofrecen dos posibilidades: su introducción en la Ley de Regulación del Juego actualmente existente (2011) o la creación de un nuevo modelo regulatorio específico y diferenciado que afecte únicamente a estos productos. Además, en caso de tomar la segunda opción, se cuestiona a los ciudadanos sobre qué aspectos debería abordar la nueva normativa y su posible marco de protección.
Sin embargo, la cuestión de las loot boxes no es nada sencilla, y plantea una serie de desafíos adicionales. Entre ellos, la posible necesidad de redefinir los juegos de azar para eliminar el requisito de premio transferido al ganador, que no tiene en cuenta la posibilidad de recompensas más allá de la dotación económica o la conversión del premio en dinero. Es decir, existe un requisito de mercado que, de forma oficial, no cumpliría FIFA 21.
En última instancia, desde el Ministerio de Consumo, se plantea la posibilidad de añadir las loot boxes al marco legislativo sin conferirle un marco legal propio. Esta situación se traduciría en una prohibición de facto de esta modalidad de juego de azar. Un asunto que parecía descartado, pero se determinará en la posible consulta pública junto a otras cuestiones como cuál debe ser la base imponible y el tipo tributario óptimo a esta modalidad de juego.
Las cuestiones planteadas están pensadas para la participación ciudadana y parten de una serie de supuesto. Es decir, la regulación se estructurará con base en las respuestas, pero la existencia de las preguntas no necesariamente implica que las cajas de botín se prohíban, reciban nuevos o mayores impuestos ni su inclusión en la Ley de Regulación del Juego.
En cualquier caso, el alcance de las cajas de botín es cada vez mayor y según el estudio de la Dirección General de Ordenación del Juego ya están presentes en un 35% de los videojuegos de ordenador y más de un 50% de los de móviles.